[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Con ocasión de las elecciones mexicanas del año que viene, Duncan Tucker repasa en este reportaje de investigación para Index las amenazas que han sufrido los periodistas de este país durante la última década.”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Un periodista mexicano sujeta una cadena alrededor de su boca durante una marcha silenciosa de 2010 en protesta contra los secuestros, asesinatos y violencia que sufren los periodistas del país, John S. and James L. Knight/Flickr

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Pablo Pérez, periodista independiente de Ciudad de México, atravesaba en coche el estado sin ley de Guerrero con dos colegas de la capital y cuatro reporteros locales cuando los detuvo una horda de hombres armados. Pérez estaba trabajando en un reportaje sobre los lugareños a los que la violencia del narcotráfico había desplazado de la región.

«Acabábamos de dejar la zona más peligrosa y pasamos por un puesto de control del ejército, lo cual nos hizo creer que estábamos en una zona segura», narra Pérez, poco después del incidente del 13 de mayo. «Pero no: a kilómetro y medio de allí nos detuvo un grupo de 80 a 100 hombres jóvenes; muchos de ellos, armados. Registraron nuestros vehículos y nos robaron todo el equipo, el dinero y los documentos de identificación. Se llevaron uno de nuestros autos y nos dejaron con el otro. Nos dijeron que tenían informadores en el puesto de control y que nos quemarían vivos si se lo contábamos a los soldados», relata.

Pérez y sus compañeros sobrevivieron, conmocionados, pero ilesos. Otros no han tenido tanta suerte. 2016 batió el récord con 11 periodistas asesinados, y 2017 va camino de superar ese cómputo nefasto.

Los medios impresos han comenzado a introducir modestos protocolos de seguridad en una apuesta por proteger a sus empleados, mientras que el gobierno ha anunciado recompensas para quienes faciliten información sobre los responsables de asesinar a periodistas. Pese a todo, lo más probable es que estas medidas no tengan un gran impacto frente a la violencia desenfrenada, la corrupción y la ausencia de justicia imperante en el país. La narcoguerra de México ha dado cifras récord de muertes en 2017 y, con la posibilidad de que las elecciones del año que viene provoquen aún más inestabilidad, no parece que los ataques a periodistas vayan a desaparecer próximamente.

El nivel de peligrosidad varía considerablemente según la región de México a la que nos refiramos. Los ataques a corresponsales extranjeros son raros, probablemente porque acarrearían una presión internacional indeseada. Los mexicanos que trabajan en publicaciones nacionales o metropolitanas también están protegidos de la violencia, hasta cierto punto. Son los reporteros locales los que se enfrentan a los mayores peligros. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, el 95% de las víctimas de asesinato como respuesta directa a su trabajo son normalmente reporteros de publicaciones de regiones remotas, donde el crimen y la corrupción rampantes minan el peso de la ley. Los estados sureños de Guerrero, Veracruz y Oaxaca comprenden actualmente los lugares más mortíferos, sumando al menos 31 periodistas asesinados desde 2010 en el territorio.

 Pese a los riesgos a los que se expone la profesión, el periodista mexicano medio gana menos de 650 dólares al mes y recibe pocas ventajas.

«No tenemos seguro médico ni de vida. Somos vulnerables a esta violencia», dice Pérez. «Aunque los que vivimos en grandes ciudades estamos mucho más seguros que los que están en lugares como Guerrero».

Cuando visitan zonas en conflicto, reconoce Pérez, no hay mucho que puedan hacer salvo adoptar algún que otro protocolo básico de seguridad. «Todos tratábamos de mantener contacto constante con colegas en la ciudad, cosa que no era nada fácil, ya que a menudo perdíamos la cobertura del teléfono. El protocolo era no separarnos, seguir en contacto con periodistas locales y mantenernos alerta a cualquier señal de peligro».

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Mientras que los periodistas de la capital pueden refugiarse en lugares relativamente seguros después de trabajar en zonas peligrosas, los reporteros locales están permanentemente expuestos a las consecuencias de su trabajo. Una brutal ilustración de ello fue el asesinato el 15 de mayo de Javier Valdez, uno de los periodistas más afamados y respetados de México, en su Sinaloa natal. Valdez acababa de salir de su oficina de Ríodoce, un semanal de noticias fundado por él mismo, cuando unos hombres armados lo bajaron a la fuerza de su coche y lo obligaron a arrodillarse. Le dispararon 12 veces a quemarropa y acto seguido huyeron con su teléfono y portátil, abandonándolo boca abajo en la carretera. Su característico sombrero panamá estaba manchado de sangre.

Valdez era una autoridad en el campo de los bajos fondos de Sinaloa, la cuna del narcotráfico mexicano. También era el periodista más prominente asesinado en años. En una entrevista con Index unos meses antes de su asesinato, habló de amenazas contra su periódico y lamentaba la falta de protección por parte del gobierno. Afirmaba: «Lo mejor sería llevarme a mi familia y abandonar el país».

En las semanas anteriores a su muerte, Valdez había estado involucrado en las consecuencias de un sangriento forcejeo por el poder dentro del poderoso cártel mexicano de Sinaloa. La violencia en la región se ha disparado desde que el líder Joaquín «El Chapo» Guzmán, de terrible fama, fuera extraditado a EE.UU. el pasado año, dejando a sus hijos Iván y Alfredo luchando por el control del cártel contra Dámaso López, su ex-mano derecha.

Cuando Valdez entrevistó a un intermediario enviado por López en febrero de 2017, los hijos de Guzmán llamaron a la sala de redacción de Ríodoce y les advirtieron acerca de publicar el artículo. Ofrecieron comprar toda la tirada, pero Valdez se mantuvo en sus trece. Cuando el periódico salió en distribución, miembros armados del cártel siguieron a los camiones de reparto por Culiacán y compraron todos los ejemplares. Los colegas de Valdez sospechan que fue su decisión de publicar la entrevista lo que le costó la vida.

Adrián López, editor de Noroeste, otro periódico de Sinaloa, contó a Index que la muerte de Valdez causó «mucha indignación, rabia y miedo» en la comunidad local. Según él, el haber puesto en el blanco a una figura tan conocida envía un mensaje contundente a los periodistas y activistas de México, así como a la sociedad al completo: «Si somos capaces de matar a Javier, somos capaces de matar a cualquiera».

López también ha vivido la interferencia editorial de los cárteles. En 2010, varios hombres armados dispararon 64 veces contra las oficinas de Noroeste, en la ciudad costera de Mazatlán. Los asaltantes habían amenazado a los empleados por teléfono horas antes, instándolos a atribuir los casos recientes de violencia a un cártel rival. «Decidimos no publicar lo que ellos querían porque nuestra postura es que no se puede decir que sí a semejantes exigendias», dijo López. «Si dices que sí una vez, después nunca podrás decir que no».

López sufrió unas circunstancias similares a las de Valdez en 2014, cuando unos hombres armados bloquearon su coche en la capital estatal de Culiacán. Los asaltantes le robaron el coche, la cartera, el teléfono y el portátil y le dispararon en la pierna. Semanas antes, varios reporteros de Noroeste habían recibido amenazas y palizas mientras cubrían el caso de Guzmán y el cártel de Sinaloa.

Según López, su periódico trabaja continuamente para mejorar sus protocolos de seguridad. Noroeste emplea a abogados para denunciar todas las amenazas contra ellos a las autoridades pertinentes, y han contratado a terapeutas que faciliten ayuda psicológica a los trabajadores. «La violencia con la que tratamos día tras día no es normal», explica López. «Necesitamos ayuda profesional para entender y hablar más sobre estas cosas, sobre el trauma que la violencia nos podría ocasionar».

Más de 100 periodistas mexicanos han sido asesinados desde 2000, y hay al menos otros 23 desaparecidos. En estos últimos tres años, cada año ha superado al anterior en cuestión de asesinatos, y este podría ser el más mortífero hasta la fecha, tras los 10 periodistas asesinados en los primeros ocho meses de 2017 (hasta agosto de 23). Las autoridades mexicanas a menudo están implicadas en los ataques. Artículo 19, organismo de control de la libertad de prensa, documentó 426 ataques contra medios de comunicación el pasado año; un incremento del 7% desde 2015. El 53% de esos ataques se atribuyen a ocupantes de cargos públicos o a las fuerzas de seguridad.

Alejandro Hope, analista de seguridad, contó a Index: «Las autoridades federales no han investigado ni procesado estos casos en condiciones. Han creado un entorno de impunidad que ha permitido que prosperen los ataques a la prensa».

En julio de 2010, el gobierno fundó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) con la intención de investigar los delitos cometidos contra los medios de comunicación. La agencia, que no respondió a la petición de Index de una entrevista, ha facilitado botones de alarma a los periodistas en peligro, les ha instalado cámaras de seguridad en casa y, en casos extremos, les ha asignado guardaespaldas. Pero hacia finales de 2016, de un total de 798 investigaciones, tan solo había logrado condenar tres autores de agresiones a periodistas.

En vista del empeoramiento de la violencia contra la prensa, el presidente Enrique Peña Nieto nombró en mayo de 2017 a un nuevo director que pudiese revigorizar Feadle. Al mes siguiente, su gobierno anunció recompensas de hasta un millón y medio de pesos (83.000 dólares) a cambio de información sobre los responsables de matar a periodistas.

Hope añadió que México ha progresado en cierta medida en lo que respecta a la libertad de prensa en décadas recientes, gracias a la proliferación de webs informativas críticas e independientes y la mejora del acceso público a información sobre el gobierno. Sin embargo, añadió, estas mejorías se han dado sobre todo en lo nacional, mientras que los periodistas de ciertas regiones operan «en un entorno mucho más difícil» a día de hoy.

Las mayores dificultades las entraña el tener que lidiar con las relaciones fluctuantes entre las autoridades locales y las bandas de narcos, dijo Hope. Citó el caso de Miroslava Breach, una respetada reportera asesinada en Chihuahua en abril de 2017 después de que investigara el vínculo entre políticos locales y el crimen organizado.

Hay poco motivo para el optimismo. México se prepara para las elecciones generales del año que viene, pero algunas campañas recientes ya se han visto perjudicadas por acusaciones de fraude electoral e intimidación. Hope advirtió de que las elecciones podrían perturbar la estabilidad de pactos existentes entre criminales y políticos, dificultando aún más el trabajo de los periodistas locales y haciéndolo más peligroso. Vaticina que la actual ola de violencia continuará durante las elecciones «porque va a haber más gente en el terreno informando sobre regiones conflictivas».

Pérez cree que la situación no va a mejorar mientras el país no aborde su cultura de corrupción e impunidad. Puso como ejemplo el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y amigo del presidente, arrestado en Guatemala en abril de 2017 tras seis meses a la fuga. Al menos 17 periodistas locales fueron asesinados y tres más desaparecieron durante los seis años de su mandato; sin embargo, no fue sujeto a escrutinio alguno hasta que se reveló su malversación de aproximadamente tres mil millones de dólares de fondos públicos.

«¿A cuántos de nuestros colegas han asesinado sin que la fiscalía haga nada?» pregunta Pérez. «Lo más importante es apresar a todos nuestros políticos corruptos. Si el robo de fondos públicos no tiene repercusiones, ¿cómo vamos a esperar que aquellos que minan la libertad de expresión se preocupen por las consecuencias?».

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UN «WATERGATE» MEXICANO

Una investigación de Citizen Lab y The New York Times este verano ha revelado la presencia del spyware Pegasus, desarrollado por una compañía de ciberarmas israelí llamada NSO Group, en mensajes enviados a periodistas y otros objetivos. Algunos periódicos lo han bautizado como «el Watergate mexicano».

Uno de los objetivos del spyware era Rafael Cabrera, miembro de un equipo de periodistas de investigación dirigidos por Carmen Aristegui. Estos perdieron su empleo en una emisora nacional de radio tras destapar un escándalo de corrupción en el que estaban envueltos el presidente Enrique Peña Nieto y su mujer, Angélica Rivera.

Index habló con él dos años antes acerca de su cobertura del escándalo. En aquel entonces, Cabrera había comenzado a recibir unos misteriosos mensajes de texto en los que lo advertían de que tanto a él como a sus colegas podían demandarlos o encarcelarlos a causa de su investigación.

Los mensajes venían con enlaces que prometían más información, pero Cabrera, sospechando que podían contener algún virus, no los abrió.

Y estaba en lo cierto. Como se descubrió más adelante, abrir el enlace habría permitido a sus remitentes acceder a los datos de Cabrera, ver todo lo que tecleaba en su teléfono y utilizar su cámara y micrófono sin ser detectados.

NSO Group afirma que vende spyware a gobiernos exclusivamente, con la condición de que se use solamente para investigar a criminales y terroristas. Pero la investigación descubrió que Aristegui y su hijo adolescente también habían sido objetivos del spyware, además de otros periodistas, líderes de la oposición, activistas anticorrupción y por la salud pública.

Peña Nieto respondió diciendo que la ley se aplicaría contra aquellos que estaban «haciendo acusaciones falsas contra el gobierno». Más adelante, en una entrevista con The New York Times, un portavoz afirmaba: «El presidente no trató en ningún momento de amenazar ni a The New York Times ni a ninguno de estos grupos. El presidente cometió se explicó mal».

El gobierno, sin embargo, ha admitido el uso de spyware contra bandas criminales, si bien niega haber espiado a civiles. Las autoridades han prometido investigarlo.

Cabrera le contó a Index que tenía poca fe en la credibilidad de una investigación del gobierno de sus propios programas de vigilancia. También expresó su alarma ante la reacción inicial de Peña Nieto. «No está nada bien que el presidente diga que va a tomar acción penal contra ti», afirmaba Cabrera. «Se salió del guion y por un momento nos mostró al dictador que lleva dentro». DT

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PLATA O PLOMO

Los periodistas mexicanos se las ven con todo tipo de amenazas y presiones económicas, desde los cárteles del narcotráfico hasta agentes del estado. Article 19 documentó 426 ataques contra la prensa mexicana en 2016, incluyendo 11 asesinatos, 81 agresiones, 79 actos de intimidación, 76 amenazas directas, 58 secuestros y 43 casos de acoso.

Los cárteles se han infiltrado en las salas de prensa de áreas asoladas por el crimen, y normalmente ofrecen a los reporteros a elegir entre «plata o plomo»; es decir, entre un soborno o una bala. Como el aclamado periodista Javier Valdez declaraba para Index meses antes de su asesinato, esto genera miedo y desconfianza dentro de los equipos informativos y fomenta la autocensura.

Muchas publicaciones también temen criticar al estado porque dependen en gran medida de la publicidad contratada por el gobierno. Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales mexicanos se gastaron aproximadamente 1.240 millones de dólares en publicidad en 2015. Las voces críticas afirman que se trata de una forma de «censura blanda», ya que las publicaciones deben vivir con la amenaza implícita de que el gobierno castigará todo tipo de cobertura desfavorable retirando su financiación. DT

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CIFRAS CRIMINALES

• Al menos 107 periodistas han sido asesinados en México desde 2000. Del total, 99 son hombres y 8, mujeres.

• Han desaparecido 23 periodistas en México desde mayo de 2003 hasta mayo de 2017.

• En 2016, el 53% de los ataques contra la prensa tuvo a cargos públicos involucrados. Entre 2010 y 2016, las autoridades investigaron 798 ataques a periodistas. Solo los autores de tres de esos ataques han recibido condena.

• Son más de 200.000 las personas asesinadas o desaparecidas desde que comenzó la guerra antinarco en diciembre de 2006. DT

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Investigación realizada para Index por Duncan Tucker, periodista afincado en Guadalajara, México.

Este artículo fue publicado en la revista Index on Censorship en otoño de 2017.

Traducción de Arrate Hidalgo.

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With: Ismail Einashe, Peter Bazalgette, Wana Udobang[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”95458″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

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