[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”107800″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_custom_heading text=”El periodista keniano Yassin Juma permanece oculto desde su arresto por informar sobre los atentados de Al-Shabab. En su primera conversación telefónica desde que pasara a la clandestinidad, Juma habla con Ismail Einashe sobre el aumento de las amenazas que sufren los periodistas en Kenia.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

La noche del 23 de enero de este año, un sábado, el periodista Yassin Juma estaba enfermo en casa, acostado. Salió de su hogar en Donholm, un distrito de Nairobi, para comprar medicinas en la farmacia de su barrio de la capital keniana. Desde allí se acercó dando un paseo a su carnicería local. Al poco rato de llegar al comercio fue detenido por cuatro hombres del departamento de investigación criminal (CID), una unidad de la policía keniana.

Los hombres escoltaron a Juma a su casa, donde se encontró a 14 personas del CID registrándola de arriba a abajo delante de su esposa e hijos. “Buscaban aparatos electrónicos, ordenadores portátiles”, explica a Index. Juma es un veterano periodista de investigación, conocido por sus noticias sobre la guerra contra Al-Shabab, el grupo militante islamista con base en Somalia.

Su arresto vino a raíz de haber publicado en sus redes sociales las últimas noticias sobre un atentado de Al-Shabab contra las Fuerzas Armadas de Kenia (KDF) en El Adde, Somalia. El 18 de enero hizo públicas las muertes de 103 soldados de las KDF en el lugar tres días antes en un ataque de los militantes. Juma, que llevaba años informando sobre el conflicto, afirma que cuenta con una fuente fiable dentro de las KDF que confirmaba la noticia.

Pero sus publicaciones se contradecían con las declaraciones oficiales de las KDF. Unos días antes, Joseph Nkaissery, secretario del gabinete de interior y general retirado, había advertido públicamente que se arrestaría por simpatizar con Al-Shabab a todo aquel que hiciera circular información sobre los soldados de las KDF muertos en los atentados de El Adde.

Bajo la presidencia de Uhuru Kenyatta, hijo del primer presidente de Kenia, el estado ha estado apoyándose en la ley para incriminar y silenciar a periodistas. Henry Maina, director de las secciones de África oriental y el Cuerno de África de la ONG Article 19, especializada en libertad de expresión, dice: “Había muchas leyes en los códigos pero apenas se utilizaban para incriminar a los periodistas”. El artículo 29 de la Ley de Información y Comunicación criminaliza el “uso indebido de un sistema autorizado de comunicación”, refiriéndose a la publicación en internet de información que las autoridades consideren ilegal.

El 19 de enero arrestaron al bloguero Eddy Reuban Ilah, acusado, según dicha ley, de compartir en un grupo de WhatsApp imágenes de soldados de las KDF muertos en El Adde. Juma se enfrentó a cargos similares por el “uso indebido de un aparato de telecomunicaciones”. Había compartido una entrada de Facebook del hermano de un soldado de las KDF, de origen keniano-somalí, muerto en el atentado. Lo acusaban de haber compartido dicha entrada con sus seguidores sin el permiso de las KDF. Juma cree que tácticas como esta son un “método clásico para silenciar a los periodistas”.

Para los periodistas kenianos, los nuevos medios de difusión se han convertido en una herramienta clave de su arsenal informativo. Juma, por ejemplo, tiene 19.000 seguidores, y utiliza las redes sociales para sortear los medios tradicionales y conectar directamente con su público. Explica que, durante los atentados en El Adde, “la gente estaba ansiosa por enterarse de lo que estaba pasando” y, sin embargo, los medios de comunicación generalistas no estaban cubriendo el incidente. “Las redes sociales me dieron la oportunidad de ofrecer información a las familias y al público en general”, explica a Index.

El gobierno keniano ha negado querer intimidar o silenciar a los periodistas. Nkaissery, secretario del interior, declaró a la web de actualidad African Arguments que el gobierno respeta a los medios independientes y la libertad de expresión, si bien añadió que esta “libertad ha de disfrutarse de forma responsable”.

Kenia gozaba de la reputación de ser uno de los entornos más libres para el periodismo en África oriental, pero esa percepción está cambiando rápidamente. Este año, el gobierno de Kenyatta ha tomado medidas brutales contra las libertades de prensa.

Según el Observatorio de los Derechos Humanos, los esfuerzos del país por combatir las amenazas a su seguridad tras varios graves atentados terroristas de Al-Shabab se han visto “oscurecidos por ciertas tendencias en curso de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas kenianas de seguridad, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o torturas”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia afirma haber registrado 81 “desapariciones forzadas” desde 2013.

Maina asegura que Article 19 ha visto un aumento acusado de los riesgos y ataques sufridos por los periodistas en Kenia. Entre enero y septiembre de 2015, Article 19 registró 65 casos de reporteros y usuarios de redes sociales víctimas de agresiones en 42 incidentes distintos, casos de violencia física incluida, además de amenazas por teléfono y SMS, citaciones de la policía y restricciones legales. De todos esos incidentes, 22 casos estaban vinculados a periodistas que cubrían historias de corrupción, 12 de protestas y ocho de terrorismo y crímenes. Maina añade que solo en tres de los 42 casos se ha realizado una investigación y llevado a los responsables a los tribunales. En total suman el 7%, cosa que Maina considera “un nivel inaceptable de impunidad en lo que a ataques contra periodistas se refiere”.

Maina reconoce que la censura internacional a la que ha estado sometida la ley ya ha contribuido a mejorar la situación, y que el Tribunal Supremo keniano decidió hace poco que el artículo 29 de su ley de información y comunicación era inconstitucional. “Algunos blogueros y comunicadores de redes sociales que se enfrentaban a cargos según el artículo impugnado han visto cómo estos se retiraban, y han sido absueltos en los casos en los que no había más pruebas que permitieran acciones judiciales para acusarlos de otros delitos.

“Dado nuestro sistema legal, todos los casos similares se cerrarán en el próximo juicio programado. No se han registrado más situaciones de blogueros y reporteros acusados bajo el artículo 29 de la ley”.

De su casa, Juma fue conducido a la comisaría de Muthaiga, donde lo interrogaron sobre su trabajo periodístico. Explica: “Tenían mi teléfono; querían saber quiénes eran mis contactos en Somalia”. Lo retuvieron durante dos días, tras lo cual un agente entró en su celda y anunció: “Ha habido un cambio de planes”. Lo liberaron sin cargos poco después.

Juma volvió a casa, pero, al cabo de un tiempo, temiendo más repercusiones, decidió huir y esconderse con su familia. “Esta es la primera llamada que hago. Vivimos en la clandestinidad”, cuenta. Juma está acostumbrado a que lo amenacen por su trabajo periodístico, pero lo que ha cambiado en los últimos años, dice, es lo graves que se han vuelto las amenazas.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ismail Einashe es un periodista independiente afincado en Londres. Tuitea desde @IsmailEinshe

Traducción de Arrate Hidalgo Sánchez[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]