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Un soldado se desplaza por una calle de Valladolid, México. Imagen: johrling/Flickr

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Los cárteles del narcotráfico mexicano se han servido de la violencia para silenciar a periodistas locales y convertirlos en peones de sus guerras territoriales. Stephen Woodman informa desde la frontera con Texas, donde Twitter se ha convertido en la única fuente que los capos de la droga no han intervenido”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

El 3 de mayo de este año, México conmemorará una vez más el Día Internacional de la Libertad de Prensa con un despliegue de columnas dedicadas a problemas relacionados con la libertad de expresión. Pero nadie espera que amaine la crisis mediática que tiene sepultada a Tamaulipas, la “tierra del silencio” del país, de triste fama.

En este estado fronterizo con Texas, los periódicos guardan silencio sobre la desenfrenada actividad de los cárteles en la región. Como alternativa, los lugareños recurren a cuentas anónimas de Twitter para informar de los últimos tiroteos y sitios.

En un país en el que los crímenes contra la prensa tienen en jaque a los medios locales, Tamaulipas ofrece una visión de pesadilla de lo que les depara el futuro: un estado en el que la violencia y la autocensura han dejado a los ciudadanos en la desinformación total.

En diciembre del pasado año dejaron una caja que contenía la cabeza y las manos seccionadas de un hombre sin identificar a la puerta de las oficinas del periódico Expreso de Ciudad Victoria, la capital del estado.

“El miedo es una constante —contó a Index un periodista del Expreso a condición de mantenerse en el anonimato—. Los criminales saben quién eres, dónde vives y cuántos familiares tienes. Lo saben todo”.

El silencio mediático inició su lento descenso en febrero de 2000 con el asesinato de Luis Roberto Cruz, un reportero de la revista Multicosas, en la ciudad fronteriza de Reynosa. Desde entonces han asesinado a otros trece periodistas en Tamaulipas, según Article 19, comité de vigilancia sobre libertad de expresión.

La violencia se intensificó en 2006 cuando unos asaltantes abrieron fuego contra las oficinas del periódico El Mañana en la ciudad de Nuevo Laredo, detonaron una granada y dejaron paralítico a un periodista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió el suceso como “el primer ataque en utilizar armas y explosivos contra las instalaciones de un medio de comunicación durante la guerra del narcotráfico”.

El apagón mediático de Tamaulipas va unido a la ubicación estratégica del estado en la guerra del narco en la que está sumido el país. Los cárteles llevan mucho tiempo traficando con cocaína y otros tipos de contrabando a través del puerto de Altamira, en la costa del Golfo. Los 17 cruces de frontera con Texas también facilitan acceso al mercado estadounidense de drogas ilegales.

Las guerras por el territorio entre narcofacciones rivales arrasan el territorio desde que Los Zetas, un grupo paramilitar con lazos con el cártel del Golfo, se desvinculara de sus aliados hace casi 10 años. Desde entonces la prensa local se ha ido convirtiendo en peón en manos de los comandantes de los cárteles.

Los criminales fuerzan a las personas que trabajan en medios de comunicación a limitar la difusión de la violencia, de modo que puedan continuar sus actividades ilegales sin interrupciones y sin que el Gobierno despliegue más tropas o fuerzas policiales.

Sin embargo, en ocasiones los cárteles cometen actos deliberados de violencia para forzar una respuesta enérgica del Gobierno, una práctica conocida como «calentar» el territorio de un rival. En esas ocasiones, operativos de los cárteles exigen a los periódicos que envíen a sus reporteros a cubrir la noticia.

Ciertos periodistas amenazados, conocidos como “enlaces”, dirigen estas prácticas de abuso editorial. Los enlaces trabajan para los cárteles y se aseguran de que los periódicos publiquen algunas noticias y censuren otras.

Este elaborado sistema se expandió en respuesta a la intensidad del conflicto entre cárteles de Tamaulipas, explica Guadalupe Correa, autora del libro Los Zetas Inc.: “Hay grupos que están intensamente militarizados y el Gobierno va tas ellos. Eso genera alicientes para controlar la información como si se tratase de una guerra entre ejércitos”.

Las restricciones a la prensa hacen que muchos medios recurran a reporteros ciudadanos como la Loba Indomable.

Loba declaró para Index que lo que la motiva es un deseo de mantener a salvo a los ciudadanos respetuosos con la ley. Con todo, admite que el periodismo ciudadano tiene importantes desventajas: “No todas las cuentas de las redes sociales son de fiar. Hay cuentas que dicen estar vinculadas al ejército, pero no es cierto. Yo sé que son falsas, pero hay quienes tal vez caigan en la trampa”.

En los últimos años, los cárteles han intensificado sus ataques contra reporteros que trabajan en internet, Loba incluida.

Pero los jefes de los cárteles no son la única amenaza a la libertad de prensa de Tamaulipas. Los políticos también están decididos a silenciar las voces que se muestran críticas con ellos.

En enero del año pasado, unos asaltantes enmascarados asesinaron a puñaladas al columnista político Carlos Domínguez dentro de su coche, en un semáforo en rojo de Nuevo Laredo. El hijo del reportero fallecido, que también se llama Carlos Domínguez, cree que quien se halla tras el asesinato es el exalcalde de Nuevo Laredo. Arrestaron a seis sospechosos en conexión con el crimen, incluidos tres periodistas y el sobrino del exalcalde.

Domínguez explicó a Index que escribir sobre políticos era más peligroso para los periodistas que informar sobre los narcos, especialmente dado que los límites entre unos y otros cada vez son más difusos. Según dice: “Como sigan atacando a reporteros, se acabará cualquier tipo de información que le resulte molesta al Gobierno. No podemos afirmar que vivimos en una democracia si la libertad de expresión no está garantizada”.

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Tamaulipas no es el único estado mexicano en el que los medios locales son víctimas de los cárteles y los cargos políticos.

Según Article 19, 122 periodistas han resultado muertos en relación con su trabajo en el país desde el año 2000. Tres de cada cuatro de estos asesinatos se dieron en la frontera norte o en los estados del sur.

Plagadas de cárteles atraídos por sus pasos fronterizos y puertos marítimos, estas regiones sufren también una corrupción política generalizada.

En este entorno los periodistas locales sufren especial peligro: son el 95% de los asesinados por su trabajo informando para medios de comunicación locales, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Dada esta tendencia, el peligro de que surjan más “zonas del silencio” en México es real.

El estado fronterizo de Chihuahua copó los titulares internacionales en 2017 cuando su diario más importante, Norte de Ciudad Juárez, cerró por motivos de seguridad. La publicación regresó con 15 ediciones especiales el año pasado, pero no ha recuperado la circulación diaria.

Donde más se ha disparado la violencia contra la prensa mexicana en los últimos años es la región pobre del sur. En el estado de Guerrero, los grupos criminales han buscado controlar cada vez más los medios locales a medida que la región se convierte en la principal proveedora de heroína de EE. UU.

Pero ninguna región se ha deteriorado tanto como el estado suroriental de Veracruz, que en 2012 se convirtió en el punto más mortífero para los periodistas del país. Justo debajo de Tamaulipas en el mapa, el estado tiene en común con este último el problema con los cárteles que asolan la costa del Golfo. Sin embargo, muchos reporteros de Veracruz siguen cubriendo tiroteos y masacres, en contraste con la actuación de sus colegas de Tamaulipas.

Según un informe de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “un sector pequeño de la prensa se mantuvo en sus trece e informó sobre estos incidentes”.

La negativa a aplicar la censura les ha salido cara. Diecisiete reporteros fueron asesinados desde 2010 hasta 2016, durante el mandato de Javier Duarte, exgobernador del estado, que actualmente cumple una condena de nueve años de prisión por corrupción.

“Durante el mandato de Duarte, redactar algunas noticias era como firmar tu propia sentencia de muerte”, explica Santos Solís, director general del periódico digital Oye Veracruz.

Según Solís, el “periodismo del miedo” que promovía Duarte ha persistido a pesar de su destitución del cargo: “Si el Gobierno no actúa, terminaremos como en Tamaulipas”, predice.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Stephen Woodman es editor colaborador en México para Index on Censorship. Vive en Guadalajara.

Traducción de Arrate Hidalgo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]