19 Oct 2018 | Global Journalist (Spanish), Journalism Toolbox Spanish, Spain
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”101644″ img_size=”large” add_caption=”yes”][vc_custom_heading text=”Puede que en Estados Unidos estén aún acostumbrándose a sus “fake news“, pero los bielorrusos llevan años lidiando con la táctica de las noticias fabricadas, relata Andrei Aliaksandrau.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Puede que en Estados Unidos estén aún acostumbrándose a sus “fake news”, pero los bielorrusos llevan años lidiando con la táctica de las noticias fabricadas, relata Andrei Aliaksandrau.
En Bielorrusia,inventar noticias no es una novedad. Una historia que consistía en imágenes espantosas de manifestantes armados con cócteles molotov y otros objetos recorrió en abril los canales de televisión y periódicos del estado. Los manifestantes, afirmaban los reporteros, pertenecían a la Legión Blanca, cuyos miembros presuntamente buscaban encender en Minsk una revuelta similar a la de las protestas del Euromaidán, que se extendieron por toda Ucrania en 2013 y 2014 y contribuyeron a la crisis de Crimea.
Curiosamente, los productores y reporteros de estos vídeos y artículos eran anónimos. No había ni títulos ni firmas, ni tampoco pruebas de que la Legión Blanca, que existió en su día, hubiera llevado a cabo operación alguna en los últimos años. También es curioso que ni la policía ni las fuerzas de seguridad quisieran responder a las preguntas de periodistas y ciudadanos sobre el caso.
Resulta que la historia era una invención con envoltorio de noticia, un fragmento retorcido de la realidad, emitido para sembrar el miedo y el pánico en la sociedad. El mensaje era: No salgáis a las calles a protestar. Quienes lo hacen socavan la paz y la estabilidad.
Se trata de una táctica habitual que lleva años dándose en Bielorrusia, donde las noticias reales se reprimen y proliferan las falsas. Es una estrategia de uso muy extendido en este momento, siendo 2017 testigo de las protestas más intensas que ha visto el país en años, y a las que el gobierno ha respondido con brutalidad.
Bastante próspera bajo el régimen soviético, Bielorrusia sufrió un declive financiero tras la caída de la URSS. En medio del desconcierto económico y político, Alexander Lukashenko llegó al poder. El presidente sigue aferrado a él 23 años después, debido en gran medida a un estricto control de los medios de comunicación. Los ataques a la prensa, a blogueros, a escritores y a periodistas independientes se perpetúan al mismo tiempo que continúan las actividades de la extensa máquina propagandística del estado.
Los informativos de los canales nacionales de televisión —y no hay ningún canal nacional que no sea propiedad del estado— siguen un patrón simple a la par que persuasivo: aquí va una noticia sobre el presidente; aquí está saludando a un embajador extranjero y dando un discurso sobre el papel especial que desempeña Bielorrusia en la estabilidad y la paz mundial; aquí está reunido con el ministro del interior y haciendo una declaración sobre la importancia de preservar la estabilidad y la paz en la sociedad; aquí está gritando al consejo de ministros que tienen que hacer lo que haga falta para seguir sus sabias ideas por el bien del pueblo (por no hablar de la paz y la estabilidad); aquí está visitando la fábrica de una pequeña ciudad hablándoles a los obreros cual padre bondadoso, diciéndoles que él proveerá.
Tras media hora con cosas así, le llega el turno a un caleidoscopio de imágenes del resto del mundo: proyectiles cayendo sobre Ucrania; bombas destruyendo un hospital sirio; algún presidente raro haciendo declaraciones absurdas al otro lado del océano; un terrorista haciendo estallar otra ciudad europea; refugiados, inundaciones, recesiones, gobiernos que colapsan.
Y, después, una historia de niños felices en una guardería bielorrusa. Más imágenes de un país pacífico guiado por un sabio líder que se erige como el último bastión de felicidad, la última isla de estabilidad en un mundo violento.
Pero hay otros tipos de programas en la televisión nacional. Los emiten cuando las autoridades empiezan a notar que la imagen de “paz y estabilidad” que proyectan contradice a la otra realidad: la que la gente ve en las calles y en el trabajo, en las tiendas y en el transporte público, en hospitales y escuelas; la realidad de la vida fuera de la matriz de la propaganda del estado.
A comienzos de 2017, miles de personas de todo el país salieron a la calle a manifestarse. Las protestas fueron provocadas por un nuevo decreto presidencial, el tercero, que multa a quienes no puedan demostrar tener un trabajo o fuente de ingresos oficial. Lo han apodado el decreto “del parásito social”. Existe un antiguo término soviético, tuniejadcy, cuyo significado oficial es “parásito”: el “parasitismo” estaba considerado delito en la era soviética, pues se esperaba que todo el mundo trabajase para construir “la sociedad utópica comunista”. He aquí una innovación bielorrusa: en lugar de subvencionar a los parados, el gobierno ha decidido multarles.
El decreto solo fue el detonante. La verdadera razón de las protestas es la profunda crisis económica que asola el país. Resulta que la “estabilidad” bielorrusa se trata en realidad de un estado de coma. Nuestra economía, fundamentada en la industria, es herencia de la era soviética y nunca ha pasado por reformas. Estas habrían conllevado la privatización, la modificación de leyes para asegurar garantías al capital, la independencia del poder judicial y un parlamento electo en condiciones, en lugar de uno puesto a dedo por el presidente. Estos pasos, de haberlos seguido, habrían socavado profundamente el régimen autoritario.
Así pues, la economía del país ha llegado hasta hoy sin mayores alteraciones. Durante casi dos décadas se benefició del petróleo y el gas que llegaban baratos de Rusia, así como de préstamos que el Kremlin se podía permitir debido a los altos precios del petróleo y a la necesidad de contar con un aliado cerca. La relación se ha enfriado desde entonces, en parte por la oposición de Bielorrusia a la anexión rusa de Crimea.
La gente comenzaba a notar las dificultades económicas, especialmente en las ciudades pequeñas. Entonces fue cuando llegó el impuesto del “parásito social”, que desató las protestas. La gente salió a las calles de Bielorrusia por primera vez desde 2011; en algunos pueblos, no lo hacían desde la década de 1990.
Las movilizaciones recibieron una dura respuesta. La policía arrestó a cientos de personas, a pesar de la naturaleza totalmente pacífica de las manifestaciones. Durante los acontecimientos de Minsk de marzo de 2017, las fuerzas antidisturbios actuaron con brutalidad y arrestaron a alrededor de mil personas. Algunas de ellas eran transeúntes detenidos por error. Otros, periodistas con acreditación en regla.
Aliaksandr Barazenka, cámara del canal Belsat TV, fue detenido durante las protestas del 25 de marzo de 2017 en Minsk. Existe un vídeo de él gritando “¡Soy periodista!” a matones uniformados, que lo agarran y lo meten a rastras en un furgón policial. Más tarde, en el juzgado, los agentes antidisturbios dijeron que Barazenka había estado jurando en público. El juez no prestó la más mínima atención a las claras discrepancias entre sus declaraciones. Barazenka fue condenado a 15 días de detención administrativa, que pasó en huelga de hambre en un centro de detención. Se dieron muchos más ejemplos como estos durante la primavera de 2017. Pero estas historias nunca salen por la televisión estatal.
Pese a todo, aún quedan medios independientes, de un modo u otro, en Bielorrusia. Todavía hay algún periódico no perteneciente al estado, alguna publicación digital que muestra lo que está pasando. Hay blogueros y redes sociales. De hecho, cuando los medios nacionales transmitieron el montaje de los cócteles molotov, emergió un vídeo en internet que revelaba que no había ni policía ni supuestos delincuentes, solo una furgoneta y un puñado de operadores de cámara de la televisión del estado.
Por mucho que se estén contando las historias del periodista Barazenka y de otros manifestantes detenidos, desgraciadamente la realidad delirante y violenta de la televisión nacional prevalece. “Las palabras de los medios están devaluadas. A las autoridades ya no les interesa lo que sabemos ni lo que pensamos sobre ellas”, afirmaba Viktar Martinovich, escritor bielorruso de éxito, en el Belarus Journal. “Ya no les hace falta público. Están solos. Creen que son lo bastante poderosos, que son eternos. Y nos faltan las palabras para demostrar que se equivocan”.
Aquí hay uno que cree que encontraremos las palabras.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Andrei Aliaksandraues un periodista afincado en Minsk, Bielorrusia. Es editor del Belarus Journal.
Este artículo fue publicado en la revista Index on Censorship en verano de 2017.
Traducción de Arrate Hidalgo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
11 Oct 2018 | Artistic Freedom, News and features, Risks, Rights and Reputations
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”97076″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_column_text]Agnieszka Kolek is curator and co-founder of Passion for Freedom, an annual competition exhibition of by artists facing censorship worldwide. In February 2015, Kolek survived the terrorist attack in Copenhagen, targeting the panel discussion she appeared in alongside Swedish artist Lars Vilks. Later that year in London, the Passion for Freedom 2015 exhibition at Mall Galleries, London, hit the headlines when a work Isis Threaten Sylvania by Mimsy was removed by the curators on the advice of the police. They had no choice because they couldn’t pay the £36,000 demanded by the police to guarantee security of the exhibition.
JF: How does your experience of the Danish police compare to the British police?
AK: The panel discussion — Art, Blasphemy and Freedom of Speech — was organised by the Lars Vilks Committee with the full support of the police. This was only a month after the Charlie Hebdo attack, but there was no question that the discussion should go ahead. There were two plain-clothed police officers, two uniformed police and then two special service officers responsible for Lars, who has 24-hour police protection. Police checked bags as the audience came in. When the attack happened — the Danish filmmaker Finn Nørgaard, one of the guests, was shot outside the venue and died on the pavement — the two special service officers took Lars to safety. We know that after an attack on freedom of speech the next target is Jews – it happened with Charlie Hebdo and it happened in Copenhagen when the same gunman attacked a bat mitzvah party in the evening, killing the security guard. Danes feel very bad that they didn’t anticipate this pattern and there was a lot of blaming of the police for this, but they did their best considering the circumstances. I think there has to be more legal power give to the police to extinguish the sources of the extremism, and its results. When you already have flames it is harder to put it, instead you have to prevent the fire from starting.
In London in 2015 it was very different. The police wanted to determine what artworks could go on show, and even the artistic value of exhibited works, showing an indirect form of censorship claiming it was “for your own good – security”. Police intelligence identified “serious concerns” regarding the “potentially inflammatory content” of Mimsy’s work and for this reason “advised” us to remove the work or pay protection money at £6,000 a day. We were completely shocked. Out of all the works in the exhibition, we would never have thought that they would pick this one out. We asked for more information about the “serious concerns”, especially because we wanted to know if there was a threat to Mimsy herself. They didn’t give us any more information. They wanted to place blame on the festival or its artists for causing problems, rather than protecting the space for art to show the suffering of people around the world and the lack of freedom to openly discuss it. While we tried to fundraise for our own protection, we were threatened with more works being withdrawn. Art cannot be controlled by the police – not in London, which for hundreds of years is a symbol of democracy and freedom. Not in the creative capital of Europe where artists flock from all over the world.
JF: But in Copenhagen two people lost their lives – you could have lost yours. How do you reconcile the loss of life with the pursuit of freedom?
AK: It is not easy to answer as I am not treating others’ and my own life lightly. Behind each individual there is a unique person, unique life story and to cut it short for the supposedly abstract ideal of free speech and expression might seem reckless. It is not. Again and again we learn how giving concessions to those who want to restrict freedoms of speech allows the darkness not only to enter our home but also our hearts. Not resisting it at early stages causes our societies to change beyond recognition.
I was invited to the Copenhagen event way ahead, so after the Charlie Hebdo attack, the chair got in touch with me to say she would understand in view of the heightened security risk, if I chose not to come. So I thought long and hard about it and said I will have to die someday, and I know I will look back at that this moment and I will remember the choice I made and it will be important.
Passion for Freedom is a very effective tool for assessing how much freedom there is in society. Artists cannot be easily controlled. In their inner core they are idealists. We stand with them giving them space and time to express themselves. Freedom will prevail despite political and corporate pressure to censor and restrict open debate. We are its guardians.
JF: How have the experiences of 2015 impacted on how you approach this year’s exhibition?
AK: The commitment and the conviction are still there. But we are not clear where we stand, because there is no clear definition of what is appropriate or what is inflammatory. It is a shifting ground. In the past, we created the space to fully exhibit work that had been censored elsewhere by a curator or a gallery owner. Now we are in the situation where the state, through the arm of the police, imposes this pre-emptive self-censorship on you. Since the censorship incident, we cannot guarantee artists that they will be able to exhibit/perform during a festival talking about freedom. Over the years there has been a number of artists who requested to be exhibited under pseudonyms (as often their lives are threatened in the UK or back in their home countries). Can we guarantee that the police will not arrest them? Until now, we could guarantee it to them. Since 2015 we are not sure that is the case. My approach is not to have any preconceived idea of how it will go with the police this time. We will still try to be open and have a dialogue in the belief that the police are still there to protect us and it is still a democratic country. I will be honest – we are also treating it as a kind of testing ground. Let’s see if this is still a democratic country or is it just on paper?
The artistic community in the United States and Australia is shocked by the police’s censorious attitude to arts in London. There are groups of people who decided to open Passion for Freedom branch offices in New York and Sydney to ensure that British censorship is being exposed. And in case freedom is completely extinguished in the UK they can continue the important work to give artists the platform to exhibit their works and debate important issues in our societies. And if we discover that there is even less freedom than in 2015, we are considering moving this exhibition to Poland because there is more freedom there. This is on the cards, we are already discussing it.
JF: Do you think Passion for Freedom exhibition represents a security risk?
AK: The way it is being framed in the media it looks like we are troublemakers and we are asking for it. I see it another way – we are representing the majority of society that wants to ask questions, to solve problems and to move forward together. Instead of giving in to a minority that wants to use violence and threats as a way to push forward their own agenda. I think it is in the interests of any society to make sure there is the space for difficult conversations because it moves away from creating the situation where the only way to solve problems is violence. You need to allow people to have this space and art is a wonderful tool to do that, without falling for propaganda, or just favouring one way of looking at things over another. Here you can have different voices, at different volumes, and different issues at play.
JF: The 2015 terror attack in Copenhagen targeted Swedish artist Lars Vilks and those who support him. Why do you think it is important for an artist to be free to deliberately insult and offend people’s religious beliefs?
AK: The world is a much more complex place than the newspaper headlines would like us to believe. Lars Vilks was invited to participate in an art exhibition on the theme “The Dog in Art” that was to be held in the small town of Tällerud in Värmland. Vilks submitted three pen and ink drawings on A4 paper depicting Muhammad as a roundabout dog. At this time, Vilks was already participating with drawings of Muhammad in another exhibition in Vestfossen, Norway, on the theme “Oh, My God”. Vilks has stated that his original intention with the drawings was to “examine the political correctness within the boundaries of the art community”. It is not a secret that Sweden is known for vehemently criticising the United States and Israel, whereas political Islam and its influence on non-Muslim communities are rarely questioned.
Artists practising various forms of art, whether poetry, drama, drawing or film, have been challenging those who hold power for millennia.
Few kings, warlords or dictators allowed criticism or satire of themselves. The blasphemy laws were in place not to protect God but those who claimed to be his only representatives on earth. Nowadays, the same seems to be disguised in the cloak of hurt feelings and delicate egos. Artists are idealistic visionaries. They cannot hold themselves back pretending that they are blind to what is in front of their eyes. Lack of open discussion stifles our development as societies. Fear of reprisal and death cripples the human spirit. Those who cower under the whip hoping to appease and remove the threat are actually risking the fate of a slave and subordinating to dehumanised serfdom their true nature – that of a free man.
JF: Why do you have this passion for freedom?
AK: Behind the Iron Curtain we naively believed that not only was the West this Land of Milk and Honey of material goods, we were also certain that there was freedom here, that people would value and protect it. So moving here, first you discover that everything is not so perfect materially, but then the bigger eye-opener is that there is always someone who wants to take freedom away and if you don’t stand up tall in society this threat is always present. I don’t think you can continue just exercising freedom of speech without appreciating what it has brought to us over the long years when previous generations were fighting for it, and though it is not ideal, the state we are in is much better than it used to be.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”103159″ img_size=”full”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]
Passion for Freedom Art Festival
10th-anniversary edition, 1 – 12 October 2018, London
The Royal Opera Arcade Gallery & La Galleria Pall Mall
Royal Opera Arcade, 5b Pall Mall, London SW1Y 4UY
The 10th-anniversary edition of internationally renowned Passion for Freedom Art Festival will open in London on 1 – 12 October 2018 at its new location – the Royal Opera Arcade Gallery & La Galleria Pall Mall. The exhibition showcases uncensored art from around the world, promoting human rights, highlighting injustice and celebrating artistic freedom.
Passion for Freedom was founded in 2008 and over the past ten years grew into an international network of artists, journalists, filmmakers and activists striving to celebrate and protect freedom of expression. We have displayed more than 600 artworks from 55 countries, including China, Iran and Venezuela.
The competition attracts much worldwide attention. This year, we received more than 200 submissions out of which we will exhibit over 50 shortlisted artists. From Venezuela to Turkey to the United Kingdom, those artists ceaselessly expose the restraints on freedom of speech, expression, and information in their countries. Altogether, we will display 100 such artworks during the festival. Passion for Freedom covers painting, photography, sculpture, performance, video, as well as authors, filmmakers and journalists.
Competitors will be judged by a prestigious selection panel. Winners will be announced on the 6th of October at the Gala Award Night.
This year’s judges are:
Andrew Stahl (United Kingdom)
Francisco Laranjo (Portugal)
Gary Hill (USA)
Lee Weinberg, PhD (Israel)
Mehdi-Georges Lahlou (Belgium)
Miriam Elia (United Kingdom)
Mychael Barratt PRE (Canada/United Kingdom)
This year we are thrilled to announce a Special Theo Van Gogh Award awarded in honour of his courage and contributions to freedom of expression.
Furthermore, we have invited a select group of special guest artists to display their latest works.
Passion for Freedom 2018 Guest Artists are:
Agata Strzalka (Poland)
Andreea Medar (Romania)
Emma Elliott (United Kingdom)
Jana Zimova (Czech Republic/Germany)
Mimsy (United Kingdom)
Öncü Hrant Gültekin (Turkey/Germany)
Oscar Olivares (Venezuela)
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1539249597657-189331c4-e1af-0″ taxonomies=”15471, 8884″][/vc_column][/vc_row]
28 Sep 2018 | Journalism Toolbox Spanish, Spain
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Los periodistas mexicanos son objeto de amenazas por parte de un gobierno corrupto y cárteles violentos, y no siempre pueden confiar en sus compañeros de oficio. Duncan Tucker informa.
“][vc_single_image image=”97006″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]«Espero que el gobierno no se deje llevar por la tentación autoritaria de bloquear el acceso a internet y arrestar activistas», contaba el bloguero y activista mexicano Alberto Escorcia a la revista de Index on Censorship.
Escorcia acababa de recibir una serie de amenazas por un artículo que había escrito sobre el reciente descontento social en el país. Las amenazas se agravaron al día siguiente. Invadido por una sensación de ahogo y desprotección, comenzó a planear su huida del país.
Son muchas las personas preocupadas por el estado de la libertad de expresión en México. Una economía estancada, una moneda en caída libre, una sangrienta guerra antinarco sin final a la vista y un presidente extremadamente impopular, sumados a la administración beligerante de Donald Trump recién instalada en EE.UU. al otro lado de la frontera, llevan todo el año generando cada vez más presión.
Una de las tensiones principales es el propio presidente de México. Los cuatro años que lleva Enrique Peña Nieto en el cargo han traído un parco crecimiento económico. También se está dando un repunte de la violencia y los escándalos por corrupción. En enero de este año, el índice de popularidad del presidente se desplomó hasta el 12%.
Y lo que es peor: los periodistas que han intentado informar sobre el presidente y sus políticas han sufrido duras represalias. 2017 comenzó con agitadas protestas en respuesta al anuncio de Peña Nieto de que habría una subida del 20% a los precios de la gasolina. Días de manifestaciones, barricadas, saqueos y enfrentamientos con la policía dejaron al menos seis muertos y más de 1.500 arrestos. El Comité para la Protección de los Periodistas ha informado que los agentes de policía golpearon, amenazaron o detuvieron temporalmente a un mínimo de 19 reporteros que cubrían la agitación en los estados norteños de Coahuila y Baja California.
No solo se silencian noticias; también se las inventan. La histeria colectiva se adueñó de la Ciudad de México a consecuencia de las legiones de botsde Twitter que incitaron a la violencia y difundieron información falsa sobre saqueos, cosa que provocó el cierre temporal de unos 20.000 comercios.
«Nunca he visto la ciudad así», confesó Escorcia por teléfono desde su casa en la capital. «Hay más policía de lo normal. Hay helicópteros volando sobre nosotros a todas horas y se escuchan sirenas constantemente. Aunque no ha habido saqueos en esta zona de la ciudad, la gente piensa que está ocurriendo por todas partes».
Escorcia, que lleva siete años investigando el uso de bots en México, cree que las cuentas de Twitter falsas se utilizaron para sembrar el miedo y desacreditar y distraer la atención de las protestas legítimas contra la subida de la gasolina y la corrupción del gobierno. Afirmó haber identificado al menos 485 cuentas que incitaban constantemente a la gente a «saquear Walmart».
«Lo primero que hacen es llamar a la gente a saquear tiendas, luego exigen que los saqueadores sean castigados y llaman a que se eche mano del ejército», explicó Escorcia. «Es un tema muy delicado, porque podría llevar a llamamientos a favor de la censura en internet o a arrestar activistas», añadió, apuntando que la actual administración ya ha pasado por un intento fallido de establecer legislación que bloquee el acceso a internet durante «acontecimientos críticos para la seguridad pública o nacional».
Días después de que el hashtag de «saquear Walmart» se hiciera viral, Benito Rodríguez, un hacker radicado en España, contó al periódico mexicano El Financieroque le habían pagado para convertirlo en trending topic. Rodríguez explicó que a veces trabaja para el gobierno mexicano y admitió que «tal vez» fuera un partido político el que le pagara para incitar al saqueo.
La administración de Peña Nieto lleva mucho tiempo bajo sospecha de utilizar bots con objetivos políticos. En una entrevista con Bloomberg el año pasado, el hacker colombiano Andrés Sepúlveda afirmaba que, desde 2005, lo habían contratado para influir en el resultado de nueve elecciones presidenciales de Latinoamérica. Entre ellas, las elecciones mexicanas de 2012, en las que aseguraba que el equipo de Peña Nieto le pagó para hackear las comunicaciones de sus dos mayores rivales y liderar un ejército de 30.000 bots para manipular lostrending topicsde Twitter y atacar a los otros aspirantes. La oficina del presidente publicó un comunicado en el que negaba toda relación con Sepúlveda.
Los periodistas de México sufren también la amenaza de la violencia de los cárteles. Mientras investigaba Narcoperiodismo, su último libro, Javier Valdez —fundador del periódico Ríodoce— se dio cuenta que hoy día es muy habitual que en las ruedas de prensa de los periódicos locales haya infiltrados chivatos y espías de los cárteles. «El periodismo serio y ético es muy importante en tiempos conflictivos, pero desgraciadamente hay periodistas trabajando con los narcos», cuenta. «Esto ha complicado mucho nuestra labor. Ahora tenemos que protegernos de los policías, de los narcos y hasta de otros reporteros».
Valdez conoce demasiado bien los peligros de incordiar al poder. Ríodoce tiene su sede en Sinaloa, un estado en una situación sofocante cuya economía gravita alrededor del narcotráfico. «En 2009 alguien arrojó una granada contra la oficina de Ríodoce, pero solo ocasionó daños materiales», explica. «He recibido llamadas telefónicas ordenándome que dejase de investigar ciertos asesinatos o jefes narcos. He tenido que omitir información importante porque podrían matar a mi familia si la mencionaba. Algunas de mis fuentes han sido asesinadas o están desaparecidas… Al gobierno le da absolutamente igual. No hace nada por protegernos. Se han dado muchos casos y se siguen dando».
Pese a los problemas comunes a los que se enfrentan, Valdez lamenta que haya poco sentido de la solidaridad entre los periodistas mexicanos, así como escaso apoyo de la sociedad en general. Además, ahora que México se pone en marcha de cara a las elecciones presidenciales del año que viene y continúan sus problemas económicos, teme que la presión sobre los periodistas no haga más que intensificarse, cosa que acarreará graves consecuencias para el país.
«Los riesgos para la sociedad y la democracia son extremadamente graves. El periodismo puede impactar enormemente en la democracia y en la conciencia social, pero cuando trabajamos bajo tantas amenazas, nuestro trabajo nunca es tan completo como debería», advierte Valdez.
Si no se da un cambio drástico, México y sus periodistas se enfrentan a un futuro aún más sombrío, añade: «No veo una sociedad que se plante junto a sus periodistas y los proteja. En Ríodoce no tenemos ningún tipo de ayuda empresarial para financiar proyectos. Si terminásemos en bancarrota y tuviésemos que cerrar, nadie haría nada [por ayudar]. No tenemos aliados. Necesitamos más publicidad, suscripciones y apoyo moral, pero estamos solos. No sobreviviremos mucho más tiempo en estas circunstancias».
Escorcia, que se enfrenta a una situación igualmente difícil, comparte su sentido de la urgencia. Sin embargo, se mantiene desafiante, como en el tuit que publicó tras las últimas amenazas recibidas: «Este es nuestro país, nuestro hogar, nuestro futuro, y solo construyendo redes podemos salvarlo. Diciendo la verdad, uniendo a la gente, creando nuevos medios de comunicación, apoyando a los que ya existen, haciendo público lo que quieren censurar. Así es como realmente podemos ayudar».
Escucha la entrevista a Duncan Tucker en el podcast de Index on Censorship en Soundcloud: soundcloud.com/indexmagazine
Duncan Tuckeres un periodista independiente afincado en Guadalajara, México.
Este artículo fue publicado en la revista Index on Censorship en primavera de 2017.
Traducción de Arrate Hidalgo.
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21 Sep 2018 | Albania, Europe and Central Asia, Mapping Media Freedom, Media Freedom, media freedom featured, News and features
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A small protest by journalists and citizens after the attack on Klodina Lala’s parental home. Credit: Fjori Sinoruka
In the early hours of 30 August, investigative journalist Klodiana Lala’s parental home was sprayed with bullets. Luckily no one was injured.
Lala, a crime reporter for Albania’s News 24 TV, connected the incident with her work as a journalist, saying that neither she nor her family had any personal conflicts that would spur this type of incident. The attack drew rapid condemnation and calls to bring the perpetrators to justice from concerned citizens and politicians, including the country’s prime minister, Edi Rama, who described it as a “barbarous” act. He pledged that the authorities would spare no efforts to investigate the attack.
Rama’s fine words about this attack belie the reality of most crimes against journalists in Albania: identification and prosecution rates of perpetrators are near zero.
When City News Albania’s editor Elvi Fundo was brutally assaulted at 11am in crowded central Tirana, he too received solidarity from the country’s politicians and press, including a note from Rama. But 17 months later, those expressions of support haven’t translated into action from prosecutors.
The attack on Fundo, in which he was beaten with iron bars by two men in hoodies just metres from his office, left him unconscious with serious injuries to his head and an eye.
To add insult to his injuries, Fundo was told on 31 August 2018 that prosecutors were suspending the investigation into his assault because of the lack of suspects.
“This is a grotesque decision. Investigations are not conducted thoroughly. I had to force authorities to seek out more footage from the bars around the area after I left the hospital. They didn’t seem very keen to do so,” he said.
Fundo’s lawyer challenged the decision in court, emphasising that he has given prosecutors information, he said, that can lead investigators to those that ordered the attack.
“I will never stop pushing them to bring the authors of the assault on me to justice since this is not a case lacking in information. I believe the police and prosecutors are just afraid of those who ordered the attack on me,” he said.
While intimidation is a criminal offence in Albania and is punishable by a fine or up to two years in prison, journalists find themselves without much support when they are threatened due to their professional duties.
Very often, prosecutors are reluctant to even open a case and when they do are eager to drop the charges, as was the case against a man who threatened a journalist on Facebook.
Dashamir Bicaku, a crime reporter who acted as a fixer and translator for a Daily Mail journalist, received an anonymous threatening message on June 17 2018 via his Facebook account. The threat came two days after the Mail published an investigation into Elidon Habilaj’s fraudulent asylum claim and subsequent career in British law enforcement, for which Habilaj was convicted and sentenced to 18 months in absentia.
“I’ll come straight to the point! I’ll come and get you so that there’ll be nothing left of you and yours!”, the message read. He reported the incident to the police the next day, alleging to law enforcement that Habilaj was the only person who would have a motive to threaten him.
But on 31 July 2018, he received a letter from the Vlora prosecutor’s office telling him that they had decided not to open an investigation into the case. According to Bicaku, the prosecutors said that Habilaj had denied sending a threatening message to the journalist and — even if he had — the message was not serious.
A few days later Bicaku learned that a close relative of Habilaj was working as a prosecutor in the same unit.
“What happened is a clear signal about the connections that those involved in organised crime have with people in the justice system,” Bicaku said.
Even when the aggressor has been clearly identified, negligence by the investigating institution makes appropriate punishment difficult.
Julian Shota, a correspondent of Report TV, was threatened with a gun by Llesh Butaku, the owner of a bar in the town of Lac where an explosion had taken place. When the journalist identified himself, Butaku demanded that he leave and not report the incident. When Shota refused, Butaku loaded a gun and pointed it at the journalist’s head.
Shota said he was saved by Butaku’s relatives, who grabbed his hand to prevent him from shooting. The journalist immediately reported the incident to police, but three hours passed before they arrived to detain Butaku.
“In three hours you can hide a rocket let alone a handgun,” Shota said. “The prosecutor received me in his office telling me clearly that I should not expect a lot since no gun was found on him.”
After seven hours Butaku released and the charge for illegal possession of firearms, which could have carried a prison sentence, was dropped.
“Instead of being investigated for attempted murder, Butaku is only being investigated for making threats,” he said.
Artan Hoxha, a prominent investigative journalist with over 20 years of experience, remembers tens of case when he was threatened because of his job, but that “every single case was suspended without any success”.
“I rarely report the threats that I receive to the authorities anymore. I know it is not worth even to bother doing so,” he said.
Part of the problem is that the Albanian judicial system is considered one of the most corrupt in Europe. It is currently undergoing a radical reform overseen by international experts in which all the country’s judges and prosecutors are being put through a vetting process.
As of August, 45 judges and prosecutors have been evaluated. Twenty-one failed and will be unable to continue to work in the judicial system.
Dorian Matlija, attorney and executive director at Res Publica, a centre for transparency, considers the prosecution the most problematic branch of the judicial system.
“Journalists are right, the prosecution is infamous for its bad work and it is one of the less scrutinised institutions over its decisions despite having a lot of power within the system,” he said.
According to Matlija, when journalists received death threats or are sued, they often find themselves alone.
“They have difficulties accessing and navigating the judicial system while the media owner is often the first to abandon them to keep trouble at bay,” Matlija said.
To remedy this, he said that is very important to create free legal help for journalists, not only when they face prosecution, and also to push for employment rights.
Journalists consider the lack of judicial protection a big obstacle in continuing doing investigative journalism in Albania.
“Is very difficult to investigate organised crime in Albania, since you don’t have the minimum protection and media owners can throw you out in the first place,” Bicaku said.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1537456192915-fc339c8f-4676-3″ taxonomies=”6564″][/vc_column][/vc_row]
